Una orden judicial y decenas de hogares afectados
La Policía ejecutó durante la mañana del martes 4 de agosto el desalojo de un edificio ubicado en 25 de Mayo 535, entre Ituzaingó y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja. Entre las personas que residían allí había ciudadanos cubanos, dominicanos y uruguayos, además de personas mayores que vivían solas. Las autoridades no informaron cuántos de los hogares afectados eran de origen cubano.
La cantidad total de familias también fue precisándose con el correr de las horas. Una primera versión de Subrayado, basada en testimonios de vecinos, habló de al menos 15 familias. Más tarde, el mismo medio ubicó la cifra en unas 30, mientras que la diaria informó que fueron desalojados 31 hogares, en su mayoría integrados por migrantes, y que en el edificio vivían 15 niños y niñas. Por esa diferencia, la referencia más prudente es “unas 30 familias”.
El operativo se desarrolló en un edificio de cinco plantas y se extendió hasta después del mediodía. Colchones, heladeras, lavarropas, muebles, ropa y otras pertenencias fueron colocadas en la vereda mientras algunas familias conseguían vehículos de carga y otras aguardaban una respuesta institucional sobre dónde pasar la noche.
Según informó Subrayado, los propietarios del inmueble habían solicitado judicialmente su recuperación. El medio señaló que los residentes debían abandonar el lugar el 28 de mayo, pero recibieron una prórroga hasta el día del operativo. Algunos de los desalojados dieron una versión diferente: afirmaron ante la prensa que esperaban contar con un plazo mayor y que dispusieron de pocos minutos para retirar sus cosas. El expediente judicial y las condiciones exactas de esa prórroga no fueron divulgados públicamente.
Las alternativas anunciadas por el MIDES
El director nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Gerhard, estuvo en el lugar junto a equipos que relevaron la situación de cada hogar. El jerarca aseguró que todas las personas recibirían una respuesta, aunque las alternativas variarían según la composición y el grado de vulnerabilidad de cada familia.
Para las mujeres con niños a cargo se dispuso la apertura de una casa donde pudieran permanecer junto a sus pertenencias. Las mujeres embarazadas serían atendidas mediante vales para soluciones habitacionales transitorias. Las personas solas, sin menores a cargo y con pocas pertenencias, serían derivadas a refugios con funcionamiento durante las 24 horas. El organismo también ofreció traslados y espacios de almacenamiento temporal para muebles y otros bienes.
Gerhard sostuvo que buena parte de los residentes tenía trabajo y ya era conocida por los equipos sociales. A poco más de una cuadra del edificio funciona el Centro de Referencia para Personas Migrantes del MIDES, en 25 de Mayo 423, donde se brinda orientación sobre vivienda, documentación, empleo, salud, educación y acceso a prestaciones sociales.
Durante el procedimiento, algunas personas consiguieron alojamiento temporal con amigos o conocidos, mientras otras permanecieron durante horas junto a sus pertenencias. Una mujer entrevistada por Subrayado relató que una persona para la que realizaba trabajos ocasionales le ofrecería techo por dos días. También indicó que el MIDES registró sus datos y los de sus hijos, pero que al momento de la entrevista todavía no tenía una solución definitiva.
Un edificio con antecedentes de ocupación y desalojo
El defensor del vecino, Daniel Arbulo, señaló que el inmueble se encontraba en condiciones complejas debido a la falta de mantenimiento. También atribuyó responsabilidades a sus propietarios y afirmó que el lugar había sido ocupado durante años, desalojado anteriormente y luego ocupado otra vez. La Defensoría del Vecino quedó monitoreando las respuestas ofrecidas por el MIDES y la Intendencia de Montevideo.
La dirección ya había sido escenario de otro procedimiento en 2019. En abril de aquel año, unas 23 familias fueron retiradas del edificio, mientras que meses después Teledoce informó sobre decenas de migrantes dominicanos que residían allí y sostenían que una mujer les cobraba por alojarse en un inmueble que no le pertenecía. Estos antecedentes no permiten concluir que se trate de los mismos ocupantes ni del mismo conflicto judicial, pero muestran que la precariedad habitacional en el lugar se arrastra desde hace años.
La presencia cubana en Uruguay
El episodio ocurre en un contexto de crecimiento de la comunidad cubana en el país. La Dirección Nacional de Migración registró 22.550 ingresos de personas con nacionalidad cubana durante 2025. Esa cifra corresponde a movimientos fronterizos y no necesariamente a 22.550 individuos diferentes, ya que una misma persona puede ingresar más de una vez.
Las estadísticas oficiales también indican que durante 2025 se concedieron a ciudadanos cubanos 3.051 residencias permanentes por arraigo laboral y otras 564 por reunificación familiar. Se trata únicamente de esas dos modalidades y no del total de residencias otorgadas a personas cubanas.
El desalojo expuso nuevamente las dificultades que atraviesan numerosos hogares —migrantes y uruguayos— para acceder a viviendas formales y sostener alquileres en condiciones estables. Hasta este miércoles 5 de agosto no se había difundido un informe consolidado sobre el destino final de cada una de las familias. El MIDES afirmó que atendería todos los casos y que priorizaría a niños, embarazadas, personas mayores y otros residentes en mayor situación de vulnerabilidad.
